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Derecho a la libertad de expresión, información, honor, intimidad y propia imagen a través de la jurisprudencia constitucional

May 13, 2015

 

Derecho a la libertad de expresión, información, honor, intimidad y propia imagen a través de la jurisprudencia constitucional: conflictos entre ellos, la doctrina de la “posición preferente”, el principio de proporcionalidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al secreto de las comunicaciones.

 

- Las libertades del artículo 20 de la Constitución: doble dimensión subjetiva y objetiva

Sin las libertades contempladas en el artículo 20 de la Constitución no podría existir opinión pública libre, y sin ésta no hay democracia: el Tribunal Constitucional señala que las libertades del mencionado artículo no son sólo derechos fundamentales del ciudadano. Además de ésta dimensión subjetiva, propia de cualquier derecho, los derechos fundamentales recogen otra dimensión al ser elementos estructurales de nuestro sistema político y de nuestro ordenamiento jurídico. Esta doble dimensión subjetiva y objetiva, se pone particularmente de manifiesto en las libertades que preceptúa el artículo 20 de nuestra Constitución. 

 

- Las libertades del art. 20 CE: institución política fundamental para el modelo democrático del Estado

Sin opinión pública libre no hay democracia ni pluralismo político, por eso se afirma que estas libertades representan una institución política fundamental para el modelo democrático de Estado -del que nos hemos dotado, y que es mayoritario en el mundo-; difícilmente podrá el ciudadano participar con criterio propio en los asuntos públicos si no tiene posibilidad de formar su opinión.

+ Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1990, FJ 4


La Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1990, que en su Fundamento Jurídico 4 explica con claridad esta dimensión institucional de las libertades del artículo 20 de nuestra Carta Magna:

“(…) «las libertades del art. 20 (STC 104/1986) no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático» (STC 12/1982) o, como se dijo ya en la STC 6/1981: «El art. 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política». En el mismo sentido se pronuncia la STC 159/1986, al afirmar que «para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas». Y recordando esta Sentencia la doctrina expuesta en las que hemos citado anteriormente, insiste en que los derechos reconocidos por el art. 20, no sólo protegen un interés individual sino que son garantía de la opinión pública libremente formada, «indisolublemente ligada con el pluralismo político» (…)”. 

- La libertad de prensa: libertad de información y libertad de expresión


La libertad de prensa no sólo comprende la libertad de información (recogido en el artículo 20.1.b de la Constitución) sino también la libertad de expresión (recogido en el artículo 20.1.a de la misma Constitución). Ambas libertades tienen un contenido propio (autónomo), aunque en la práctica a menudo se ejerciten a un mismo tiempo. Queremos decir que en los medios de comunicación es habitual primero informar de algo y luego comentar o valorar la noticia.

+ Sentencia del Tribunal Constitucional 171/1990, FJ. 3


Al respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 171/1990, en su Fundamento Jurídico 3, nos reseña lo siguiente: 

“(…) la libertad de prensa exige el reconocimiento de un espacio de inmunidad constitucionalmente protegido no sólo para la libre circulación de noticias, sino también para la libre circulación de ideas y de opiniones (…). 

La limitación del derecho a la información al relato puro, objetivo y aséptico de hechos no resulta constitucionalmente aceptable ni compatible con el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay «sociedad democrática» (TEDH, caso Handyside, Sentencia 7 de diciembre de 1976, núm. 65), pues la divergencia subjetiva de opiniones forma parte de la estructura misma del aspecto institucional del derecho a la información (…). 

El derecho fundamental reconocido en el art. 20 C.E., no puede restringirse a la comunicación objetiva y aséptica de hechos, sino que incluye también la investigación de la casación de hechos, la formulación de hipótesis posibles en relación con esa casación, la valoración probabilística de esas hipótesis y la formulación de conjeturas sobre esa posible casación”. 

- La libertad de información como derecho preferente


Por esta dimensión institucional que la libertad de información tiene, y que anteriormente hemos puesto de relieve, el Tribunal Constitucional afirma que se trata de un derecho preferente. 

+ Prevalencia, en determinadas ocasiones, de la libertad de expresión


El Tribunal Constitucional ha usado la expresión “posición preferente” de la libertad de expresión para justificar su prevalencia, en determinadas ocasiones, sobre otros bienes o derechos constitucionales. 

+ Precedentes de la doctrina: Tribunal Supremo federal de los Estados Unidos: New York Times Co. Vs. Sullivan, 376 US 254


Los precedentes de la doctrina de la posición preferente son norteamericanos. En ellos tienen una especial relevancia el sustancial cambio jurisprudencial de mediados de los años setenta (a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo federal de los Estados Unidos, New York Times Co. Vs. Sullivan, 376 US 254). Según esa nueva doctrina, una información publicada en un medio de comunicación conteniendo datos falsos y que suponga una grave vulneración del derecho al honor de un cargo público no puede ser restringida sólo por estos motivos, pues sigue gozando, pese a ello, de protección constitucional. La protección se fundamenta en el interés general que subyace a la información publicada, entendiendo por tal que su objeto (independientemente de su contenido, como hemos dicho en parte falso y difamatorio) versa sobre un asunto de relevancia para el debate público. A partir de aquel momento, a las informaciones que versen sobre asuntos de interés público se les permite contener mensajes falsos y/o difamatorios, siempre que no se pruebe que el emisor del mensaje ha falseado los hechos intencionalmente, actuando con un despreocupado desprecio hacia la verdad. 

+ Construcción jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al respecto


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concede a las informaciones que versan sobre asuntos de interés público una preferencia similar. Su construcción jurisprudencial pasa por entender que, en esos casos, la exigencia de que, para ser legítima, una restricción a determinados derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos debe ser “necesaria en una sociedad democrática” no se cumple sólo con demostrar la falsedad de una información, sino que, al igual que estableciera el Tribunal Supremo norteamericano, es necesario demostrar que el emisor la ha difundido con conciencia de su falsedad. El fundamento doctrinal para ello es, igualmente, considerar el debate público como un elemento esencial de toda democracia y permitir, por ello, que en el curso del mismo puedan aparecer informaciones no veraces: si éstas carecieran sólo por esta razón de la protección del ordenamiento jurídico, desaparecerían del debate democrático todas aquellas informaciones sobre asuntos de interés público cuya veracidad no haya podido ser incontrovertiblemente demostrada, empobreciéndose éste de tal modo que quedaría desnaturalizado por completo. 

+ 1982: el Constitucional otorga preferencia al derecho a la libertad de expresión cuando contribuye al debate democrático


El cauce abierto por el artículo 10.2 de la Constitución ha propiciado que nuestro ordenamiento reciba esta doctrina a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la que ha añadido algunas connotaciones propias. Desde 1982 (en la Sentencia del Tribunal Constitucional 30/1982, Fundamento Jurídico 4; antes, una referencia general en su sentencia 6/1981, Fundamento Jurídico 3), el Constitucional otorga preferencia al derecho a la libertad de expresión cuando ésta contribuye al debate democrático, en línea con las posiciones del Supremo norteamericano y del mencionado tribunal europeo -que acaban de describirse-. Para ello, el Tribunal ha aplicado la doctrina general que encuentra en todo derecho fundamental, junto con el ejercicio de una libertad individual protegida por el ordenamiento, una dimensión institucional que permite tutelar también intereses colectivos. 

+ La libertad de expresión, incluida en la categoría de garantías institucionales


En el caso de la libertad de expresión, esta doctrina sirve de fundamento para afirmar que este derecho fundamental protege no sólo la libertad individual del que lo ejerce, sino también otro objeto adicional, cuya salvaguardia interesa al ordenamiento tanto o más que el primero: la existencia de una opinión pública libre sin la cual no sería posible un régimen democrático. La necesidad de tutelar la opinión pública libre conjuntamente con el derecho individual a la libertad de expresión ha permitido al Tribunal Constitucional dar un paso más y definirla como un bien constitucional objeto de protección jurídica independiente, incluyéndola, de este modo, en la categoría de las garantías institucionales. Aplicando de este modo la doctrina de la posición preferente, sería posible reducir la importancia que se concede a la ponderación circunstancial cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. Dada la naturaleza esencialmente casuística del ejercicio de este derecho, no es posible evitar el recurso final a la ponderación de las circunstancias, es decir, de elementos como, entre otros, el modo, el lugar y el momento de la expresión (que se ponderan en el razonamiento jurídico al modo del balancing conocido por la doctrina y la jurisprudencia norteamericana). Ahora bien, si previamente se ha logrado fijar la existencia o no de posición preferente en el mensaje y, en su caso, los efectos de la misma sobre sus límites, la ponderación vendría, por una parte, fuertemente condicionada por los elementos anteriores y, por otra, reduciría notablemente su importancia como fundamento jurídico de la protección o desprotección de la expresión. Nuestro Tribunal Constitucional, sin embargo, dilucida por lo general la posición preferente de un mensaje después de la ponderación de sus circunstancias, por lo que ésta tiene un papel determinante en su razonamiento. 

+ Requisitos para considerar a la libertad de información derecho preferente: veracidad y trascendencia pública


Para que la libertad de información tenga la consideración de derecho preferente, ha de ser veraz y de trascendencia pública. 

Por veracidad no hay que entender la certeza indubitada de lo que se trasmite; lo que el Tribunal Constitucional exige es que el informador haya contrastado la noticia con un mínimo de diligencia. La trascendencia o relevancia pública de la información habrá que evaluarla atendiendo al contenido de la noticia y a las personas en ella implicadas. Por ejemplo, una información sobre una personalidad pública (el Presidente del Gobierno) no será relevante si no versa sobre aspectos públicos de interés general (las veces que se cepilla los dientes). 

En la medida en que el derecho a la libertad de información no se utilice como instrumento para conformar una opinión pública libre necesaria para que el ciudadano -directamente o a través de representantes- pueda participar en el proceso de toma de decisiones (carácter capital en un sistema democrático), esta libertad perderá ese carácter al que estamos aludiendo. Como cualquier otro derecho fundamental, ni la libertad de expresión ni la libertad de información son derechos absolutos. 

+ Derecho al honor y a la intimidad de personalidades de relevancia pública: Sentencias del Tribunal Constitucional 138/1996 y 107/1988


En consecuencia, es cierto que los derechos al honor y a la intimidad de las personalidades de relevancia pública están más expuestos a los comentarios y críticas de los medios de comunicación, pero exclusivamente habrán de soportar tal presión en la medida en que la veracidad y relevancia pública de la información y/o de los comentarios así lo justifiquen. Al respecto es muy interesante el Fundamento Jurídico 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 138/1996: 

“Como consideración previa conviene recordar que este Tribunal ha venido declarando de manera constante que el derecho a la libre comunicación que la Constitución protege se refiere, precisamente, a la transmisión de información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública y que sólo la información referida a hechos de esta naturaleza y contrastada con un mínimo de diligencia puede encontrar protección en el art 20.1 d) C.E, frente al derecho al honor garantizado en el art. 18.1 C.E. (STC 6/1988, 171/1990, 219/1992, 123/1993, 232/1993, 22/1995, 28/1996). Y por lo que respecta a la relevancia pública de la información, debe señalarse que este requisito deriva tanto del contenido como de la finalidad misma del derecho reconocido en el art. 20.1 d) C.E. En este sentido hemos declarado que el ejercicio de la libertad de información se justifica en relación con su conexión con asuntos públicos de interés general por las materias a las que se refieren y por las personas que en ellas intervienen (STC 107/1988, 171/1990). Asimismo hemos destacado que la protección constitucional de la libertad de información se reduce si esta no se "refiere a personalidades públicas que, al haber optado libremente por tal condición, deben soportar un cierto riesgo de una lesión de sus derechos de la personalidad" (STC 165/1987) por lo que, en correspondencia, se debilitaría en los supuestos de información u opinión sobre conductas privadas carentes de interés publico (STC 105/1990). Pues no cabe olvidar que, como los demás derechos fundamentales, el derecho a comunicar y a emitir libremente información no es un derecho absoluto (STC 254/1988) que al venir reconocido como medio de formación de la opinión pública solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, careciendo de efecto legitimador cuando se ejercite de modo desmesurado y exorbitante al fin en atención al cual la Constitución le atribuye especial protección. 

Y así, el derecho al honor constituye un límite a esta libertad ex art 20.4 C.E. de suerte que, la legitimación de las intromisiones en el honor y en la intimidad personal requieren que el asunto del que se informa tenga interés general, pues, en otro caso, el derecho a la información se convertiría en una cobertura formal para atentar abusivamente y sin límite alguno contra el honor y la intimidad de las personas mediante expresiones y valoraciones injustificadas por carecer de valor para la formación de la opinión pública sobre el asunto de que se informa. La posición preferente del derecho de información no significa, pues, dejar vacíos de contenido los derechos fundamentales de quienes resulten afectados por aquélla, que sólo han de sacrificarse en la medida en que ello resulte necesario para asegurar la información libre en una sociedad democrática, tal como establece el art 20.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (STC 171/1990). No merecen, por tanto, protección constitucional aquellas informaciones en que se utilicen insinuaciones insidiosas y vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen, en relación a personas privadas, hechos que afecten a su honor y que sean innecesarios e irrelevantes para lo que constituye el interés público de la información. En tales casos ha de estimarse que el medio de comunicación no se utiliza con una finalidad informativa, sino "en forma innecesaria y gratuita en relación con esa información" (STC 105/1990, 171/1990) y, por tanto, no está amparado en el art. 20.1 d), por carecer de la necesaria relevancia pública (SSTC 171/1990, 214/1991, 40/1992,85/1992, 22/1995).” 

En este mismo sentido, en relación a la mayor exposición de los derechos al honor y a la intimidad de los personajes públicos, ya se había pronunciado con anterioridad la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988, en su Fundamento Jurídico 2: 

“(…) En relación con la segunda de las ideas enunciadas, procede señalar que el valor preponderante de las libertades públicas del art. 20 de la Constitución, en cuanto se asienta en la función que éstas tienen de garantía de una opinión pública libre indispensable para la efectiva realización del pluralismo político, solamente puede ser protegido cuando las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derecho subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática (…) 

(…) la eficacia justificadora de dichas libertades pierde su razón de ser en el supuesto de que se ejerciten en relación con conductas privadas carentes de interés público y, cuya difusión y, enjuiciamiento públicos son innecesarios, por tanto, para la formación de la opinión pública libre en atención a la cual se les reconoce su posición prevalente”.

+ Libertad de expresión: inexigibilidad del requisito de la veracidad


Acabamos de afirmar que la veracidad y la relevancia pública son dos requisitos que se han de dar para que la libertad de información tenga un carácter preferente. Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988, en su Fundamento Jurídico 2, precisa que el requisito de la veracidad, sin embargo, no es exigible cuando de la libertad de expresión se trata, pues es difícil -cuando no llega a ser imposible- determinar la veracidad, tal y como el Constitucional la ha entendido -como diligencia-, cuando se trata de exponer una opinión, un pensamiento o una idea. Por no tener la libertad de expresión este límite de veracidad, se afirma que ésta es más amplia que la libertad de información. Con todo, lo que nunca podrá considerarse manifestación del contenido de la libertad de expresión serán las frases injuriosas, vejatorias, humillantes etc. que resulten innecesarias para expresar un pensamiento o una idea: 

"Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, por el otro, cuya dificultad de realización destaca la citada STC 6/1998, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad de ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, independientemente de la parte a quien incumba su carga, la legitimidad constitucional del derecho a informar, según los términos del art. 20.1 d) de la Constitución, y, por tanto la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información por no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es aplicable a ésta, lo cual conduce a la consecuencia de que aparecerán desprovistas de valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa". 

- Derecho al honor, intimidad personal y familiar, y propia imagen: derechos sustantivos, además de límites


El derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia aparecen en el artículo 20.4 de la Carta Magna como límites expresos de las libertades reconocidas en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. No obstante, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen no son contemplados sólo como límites, sino que tienen reconocimiento expreso como derechos sustantivos en nuestra Constitución -esto es, con contenido propio- en su artículo 18.1. 

- Principio de proporcionalidad a la hora de juzgar la posibilidad de limitar el ejercicio de un derecho

 

+ Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1992, FJ 4


La Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1992, en su Fundamento Jurídico 4, señala que el derecho al honor deriva de la dignidad de la persona; que confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado, lo que impide que la libertad de expresión pueda ser utilizada para injuriar o vejar; que en caso de que se denuncie la lesión de este derecho, los jueces habrán de resolver ponderando las circunstancias que presente el caso concreto, tratando de determinar si hubo o no animus injuriandi; y que en los recursos de amparo, el Tribunal Constitucional tendrá que verificar precisamente la corrección de la ponderación judicial de los derechos en liza. En esta operación, el Tribunal subraya la importancia del principio de proporcionalidad (principio definitivamente incorporado por la jurisprudencia constitucional en la segunda mitad de los años noventa, siendo hoy por hoy el criterio dominante para la decisión de controversias constitucionales en las que se denuncia la lesión de derechos o la indebida intromisión en ámbitos de actividad protegidos por la Constitución, por parte de normas, medidas o actuaciones que cuentan a su vez con respaldo constitucional. El Tribunal Constitucional ha especificado -y este es un rasgo crucial- que el principio de proporcionalidad no es un principio autónomo que quepa invocar sin identificar el concreto precepto constitucional que se entiende vulnerado por la intervención desproporcionada), del que afirma que es un principio inherente al Estado de Derecho, a la hora de juzgar la posibilidad de limitar el ejercicio de un derecho. 

“De otro lado, debe considerarse que el derecho al honor, no sólo es un límite a las libertades del art. 20.1a) y d) de la Constitución, expresamente citado como tal en el número 4 del mismo artículo, sino que también es, en sí mismo considerado, un derecho fundamental protegido por el art. 18.1 de la Constitución, que, derivado de la dignidad de la persona, confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, lo cual impide que puedan entenderse protegidas por las libertades de expresión e información aquellas expresiones o manifestaciones que carezcan de relación alguna con el pensamiento que se formula o con la información que se comunica o resulten formalmente injuriosas o despectivas, y ello equivale a decir que esos derechos no autorizan el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, puesto que la Constitución no reconoce, ni admite el derecho al insulto. 

La doctrina expuesta pone de relieve que la resolución de los expresados conflictos pasa por la cuidadosa ponderación de las circunstancias de todo orden que concurran al concreto caso que se plantee, debiéndose desde luego, incluir en ese juicio ponderativo, según señala la STC 104/1986, el contenido de la información, la mayor o menor intensidad de las frases, su tono humorístico o mordaz, el hecho de afectar al honor del denunciante, no en su faceta íntima y privada, sino en relación con su comportamiento como titular de un cargo público, la finalidad de crítica política de la información y la existencia o inexistencia del animus injuriandi. 

En este punto, es importante destacar que, al efectuar la ponderación, debe tenerse también muy presente la relevancia que en la misma tiene el criterio de la proporcionalidad como principio inherente del Estado de Derecho cuya condición de canon de constitucionalidad, reconocida en sentencias del más variado contenido (SSTC 62/1982, 35/1985, 65/1986, 160/1987, 6/1988, 19/1988, 209/1988, 37/1989, 113/1989, 138/1989, 178/1989 y 154/1990) tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones, procedan éstas de normas o resoluciones singulares, y así lo declara la STC 37/1989, "en la que se hace referencia a la reiterada doctrina según la cual la regla de la proporcionalidad de los sacrificios es de observancia obligada al proceder a la limitación de un derecho fundamental", doctrina que nos conduce a negar legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de acuerdo con una ponderación razonada y proporcionada de los mismos y a exigir que toda acción deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental, adoptada en protección de otro derecho fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos (…)”. 

- Sujetos titulares del derecho al honor: supuesto de las personas jurídicas

 

+ STC 107/1988, FJ. 2


En relación con los sujetos titulares del derecho al honor, el Constitucional considera que aun cuando se trata de un derecho de las personas individualmente consideradas, las personas jurídicas también son titulares de este derecho, advirtiendo -no obstante- que es preferible emplear los términos “dignidad”, “prestigio” o “autoridad moral” cuando el titular es una institución pública, como estableció el Tribunal Constitucional en su Sentencia 107/1988, en el Fundamento Jurídico 2: 

“En el contexto de estos asuntos de relevancia pública, es preciso tener presente que el derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los términos de dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, consagrado en la Constitución como derecho fundamental, y, por ello, en su ponderación frente a la libertad de expresión debe asignárseles un nivel más débil de protección del que corresponde atribuir al derecho al honor de las personas públicas o de relevancia pública”. 

- Caso Violeta Friedman, sobre el derecho al honor

 

+ STC 214/1991


En relación con el derecho al honor, es muy interesante el caso Violeta Friedman, que resolvió la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991. 

. Respecto al sujeto titular del derecho y la legitimidad para denunciar una lesión del mismo, señala el Fundamento Jurídico 3 que -de acuerdo con el artículo 162.1.b) de la Constitución- están legitimados para interponer el recurso de amparo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Por tanto, a diferencia de lo exigido en otros ordenamientos, no es necesario que el recurrente haya sido la víctima o el titular del derecho fundamental infringido. 

. Como el derecho al honor es un derecho personalísimo -derecho que es inherente a las personas y no puede ser transmitido-, en principio la legitimación activa corresponde al titular del derecho. Pero los descendientes pueden recurrir en el caso de que consideren que se ha atentado contra el honor de su ascendiente fallecido. También considera el Tribunal que en función de las circunstancias del caso podría admitirse la legitimación de una persona perteneciera a un grupo étnico o social al que se hubiese ofendido. 

. Por lo que respecta a este último supuesto, señala el Tribunal Constitucional que como estos grupos étnicos, sociales, incluso religiosos, no son personas jurídicas y en cuanto tales no tienen órganos de representación, impedir que sus miembros puedan acceder a los tribunales sería tanto como permitir el surgimiento de campañas discriminatorias, racistas o xenófobas contrarias a la igualdad, que es uno de los valores superiores que inspiran nuestro ordenamiento: 

“(…) en nuestro ordenamiento constitucional, la norma determinante de dicha relación o, lo que es lo mismo, de la legitimación activa no la constituye el referido precepto de la Ley 62/1978, sino el art. 162.1 b) de la Constitución, en cuya virtud «están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo». A diferencia, pues, de otros ordenamientos, tales como el alemán o el propio recurso individual ante la Comisión Europea de Derechos Humanos [art. 25.1 a) CEDH], nuestra Ley fundamental no otorga la legitimación activa exclusivamente a la «víctima» o titular del derecho fundamental infringido, sino a toda persona que invoque un «interés legítimo» (…) 

(…) Tratándose, en el presente caso, de un derecho personalísimo, como es el honor, dicha legitimación activa corresponderá, en principio, al titular de dicho derecho fundamental. 

Pero esta legitimación originaria no excluye, ni la existencia de otras legitimaciones (v.gr., la legitimación por sucesión de los descendientes, contemplada en los arts. 4 y 5 de la L.O. 1/1982, de protección del derecho al honor), ni que haya de considerarse también como legitimación originaria la de un miembro de un grupo étnico o social determinado, cuando la ofensa se dirigiera contra todo ese colectivo, de tal suerte que, menospreciando a dicho grupo socialmente diferenciado, se tienda a provocar del resto de la comunidad social sentimientos hostiles o, cuando menos, contrarios a la dignidad, estima personal o respeto al que tienen derecho todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza o circunstancia personal o social (arts. 10.1 y 14 C.E.). 

En tal supuesto, y habida cuenta de que los tales grupos étnicos, sociales e incluso religiosos son, por lo general, entes sin personalidad jurídica y, en cuanto tales, carecen de órganos de representación a quienes el ordenamiento pudiera atribuirles el ejercicio de las acciones, civiles y penales, en defensa de su honor colectivo, de no admitir el art. 162.1 b) C.E., la legitimación activa de todos y cada uno de los tales miembros, residentes en nuestro país, para poder reaccionar jurisdiccionalmente contra las intromisiones en el honor de dichos grupos, no sólo permanecerían indemnes las lesiones a este derecho fundamental que sufrirían por igual todos y cada uno de sus integrantes, sino que también el Estado español de Derecho permitiría el surgimiento de campañas discriminatorias, racistas o de carácter xenófobo, contrarias a la igualdad, que es uno de los valores superiores del ordenan-tiento jurídico que nuestra Constitución proclama (art. 1.1 C.E.) y que el art. 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresamente proscribe («toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley»)".

Una vez realizadas estas consideraciones de carácter general, en el Fundamento Jurídico 4, el Constitucional desciende al caso concreto que da lugar a este recurso de amparo: se trata de los comentarios que un ex general nazi realiza en una revista negando el genocidio del pueblo judío. La demandante, Violeta Friedman, fue internada en un campo de concentración junto a su familia, y sólo ella y su hermana sobrevivieron. Debido a que los comentarios no iban dirigidos concretamente a la señora Friedman, los jueces no le reconocieron la legitimación suficiente para acudir a los tribunales. El Constitucional, en cambio, sí aprecia el interés legítima de la Sra. Friedman para reaccionar contra tales manifestaciones: 

“En el caso que nos ocupa, tal y como aduce el escrito de alegaciones del Ministerio Público y se deduce de los antecedentes de hechos de la Sentencia dictada en la primera instancia, resulta acreditado que la demandante es judía y que, desde la ocupación alemana de su ciudad natal (Marghita, Transilvania), se le impuso la estrella de David, fue sacada de su hogar con toda su familia y conducida con otros ciudadanos judíos a Auschwitz, en donde la misma noche de su llegada fue enviada toda su familia, salvo ella y su hermana, a la cámara de gas. 

Pues bien, desde su doble condición, de ciudadana de un pueblo como el judío, que sufrió un auténtico genocidio por parte del nacionalsocialismo, y de la de descendiente de sus padres, abuelos matemos y bisabuela (personas todas ellas que fueron asesinadas en el referido campo de concentración), forzoso se hace concluir que, sin necesidad de apelar aquí a la referida legitimación por «sucesión» procesal del derecho subjetivo al honor de sus parientes fallecidos (al amparo de los arts. 4.2 y 5 de la L.O. 11/1982, de protección del derecho al honor), que también cumpliría la recurrente, la invocación del interés que la demandante efectúa en su escrito de demanda en relación con las declaraciones del demandado, negadoras del referido exterminio y atributivas de su invención al pueblo judío, merece ser calificado de «legítimo» a los efectos de obtener el restablecimiento del derecho al honor de la colectividad judía en nuestro país, de la que forma parte la recurrente, por lo que, de conformidad también con nuestra doctrina sobre el derecho de tutela, ha de merecer de este Tribunal un examen de la totalidad del fondo del asunto”. 

En el Fundamento Jurídico 6, el Tribunal recuerda que los derechos y libertades recogidos en la Constitución no tienen un carácter absoluto y que las libertades del artículo 20 de la CE no son meros derechos subjetivos, pues sin éstas no sería posible garantizar la existencia de una opinión pública libre -condición imprescindible sin la cual la democracia sería una quimera-. 

Precisamente porque los derechos fundamentales no son derechos absolutos sino limitados -habiendo tanto límites internos como externos-, sólo podremos predicar el carácter preferente de las libertades del artículo 20 de la Constitución cuando reúnan las notas de veracidad y de relevancia pública -como ya hemos comentado-. Por lo que a esta última se refiere, tal trascendencia habrá de ser determinada en función tanto del contenido de la noticia como de las personas sobre la que versa. 

Cuando se denuncia a través de un recurso de amparo la lesión de un derecho fundamental, el Tribunal tendrá que comprobar si el órgano judicial ponderó correctamente los bienes jurídicos en conflicto: habrá que determinar, atendiendo a la circunstancias del caso concreto, si el ejercicio de la libertad reconocida en el artículo anteriormente mencionado cumple con las exigencias del principio de proporcionalidad y se manifiesta o no constitucionalmente legítimo. 

El Tribunal recuerda que los límites de las libertades de expresión y de información no son exactamente los mismos. Por ejemplo, la veracidad no representa un límite para la primera de ellas, pero sí para la segunda (pudiendo advertirse, con meridiana claridad, qué es lo que entiendo el Alto Tribunal por veracidad). 

El Constitucional señala que la libertad de expresión es un derecho que deriva de la libertad de pensamiento, derecho sin duda inherente a la dignidad de la persona, recordando a su vez -y como ya hemos comentado- que dentro de la libertad de expresión no caben los insultos, las injurias ni las vejaciones. 

En relación con el derecho al honor, el Tribunal Constitucional recuerda que -en principio- se trata de un derecho personalista, pero no niega que este derecho pueda predicarse de las instituciones públicas, si bien considera -como ya hemos reseñado- que es preferible en estos casos emplear los términos de dignidad, prestigio o autoridad moral; también señala que cuando se trata de una persona jurídica, el nivel de protección del derecho al honor frente a la libertad de expresión es más débil. Tampoco niega, como ya hemos adelantado anteriormente, que ataques contra el derecho al honor que se refieran a un colectivo puedan afectar particularmente a algunos de sus miembros. Esto es, el TC considera que puede lesionarse el derecho al honor de un persona aun cuando la información o las expresiones ofensivas no se hayan dirigido concretamente contra ella: 

“Según reiterada doctrina de este Tribunal, en el conflicto entre las libertades reconocidas en el art. 20 C.E., de expresión e información, por un lado, y otros derechos y bienes jurídicamente protegidos, no cabe considerar que sean absolutos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, pero tampoco puede atribuirse ese carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse esos derechos y libertades (por todas, STC 179/1986). Asimismo, ha de considerarse que las libertades del art. 20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales. 

En consecuencia, cuando, del ejercicio de la libertad de expresión e información reconocida en el art. 20.1 de la C.E., resulte afectado el derecho al honor de alguien, el órgano jurisdiccional está obligado a realizar un juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, con el fin de determinar si la conducta del agente está justificada por hallarse dentro del ámbito de las libertades de expresión e información, y, por tanto, en posición preferente, de suerte que, si tal ponderación falta o resulta manifiestamente carente de fundamento, se ha de entender vulnerado el citado precepto constitucional (SSTC 104/1986, 107/1988 y 51/1989, entre otras). No obstante lo dicho, el valor preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución sólo puede ser apreciado y protegido cuando aquéllas se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general, por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, y contribuyan, en consecuencia, a la formación de una opinión pública, libre y plural, alcanzando entonces un máximo nivel de eficacia justificada frente a los derechos de la personalidad garantizados por el art. 18.1 C.E., en los que no concurre esa dimensión de garantía de la opinión pública libre y del principio de legitimidad democrática (así, por ejemplo, SSTC 107/1988, 51/1989 y 172/1990). 

Aunque tal ponderación ha de hacerla, en principio, el órgano jurisdiccional que conozca de las alegadas vulneraciones o intromisiones del derecho al honor, corresponde a este Tribunal Constitucional revisar la adecuación de la ponderación realizada por los Jueces y Tribunales ordinarios, con el objeto de determinar si el ejercicio de la libertad reconocido en el art. 20 cumple con las exigencias del principio de proporcionalidad y se manifiesta o no constitucionalmente legítimo (por todas, SSTC 107/1988, antes citada, y 105/1990). A tal fin, en la jurisprudencia constitucional se han ido perfilando varios criterios para llevar a cabo esa ponderación. Y, por lo que respecta al presente recurso, conviene subrayar los siguientes: 

a) El Tribunal ha diferenciado la amplitud de ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 20 C.E., según se trate de libertad de expresión (en el sentido de la emisión de juicio y opiniones) y libertad de información (en cuanto a la manifestación de hechos). Con relación a la primera, al tratarse de la formulación de opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas, campo de acción que se amplia aún más en el supuesto de que el ejercicio de la libertad de expresión afecte al ámbito de la libertad ideológica garantizada por el art. 16.1 C.E., según señalamos en nuestra STC 20/1990. En este sentido, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, a diferencia de lo que ocurre con los hechos, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, y, por tanto, respecto del ejercicio de la libertad de expresión, no opera el límite interno de veracidad (por todas, STC 107/1988). Por el contrario, cuando se trate de comunicación informativa de hechos, no de opiniones, la protección constitucional se extiende únicamente a la información veraz: requisito de veracidad que no puede, obviamente, exigirse de juicios o evaluaciones personales y subjetivas. Ello no significa, no obstante, que quede exenta de toda protección la información errónea o no probada, pues el requisito constitucional de veracidad significa información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras insidias (por todas STC 105/1990). 

b) El derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, respecto de las cuales, y sin negar que en algunos casos puedan ser titulares del derecho al honor (y así lo ha reconocido el TEDH, por ejemplo, con respecto al «Poder Judicial»: asunto Barfod, S. 22 de febrero de 1989), es más correcto desde el punto de vista constitucional emplear los términos de dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero en su ponderación frente a la libertad de expresión debe asignárseles un nivel más débil de protección del que corresponde atribuir al derecho al honor de las personas físicas (SSTC 107/1988, 51/1989 y 121/1989). 

Ahora bien, lo anterior no ha de entenderse en sentido tan radical que sólo admita la existencia de lesión del derecho al honor constitucionalmente reconocido cuando se trate de ataques dirigidos a persona o personas concretas e identificadas, pues también es posible apreciar lesión del citado derecho fundamental en aquellos supuestos en los que, aun tratándose de ataques referidos a un determinado colectivo de personas más o menos amplio, los mismos trascienden a sus miembros o componentes siempre y cuando éstos sean identificables, como individuos, dentro de la colectividad. Dicho con otros términos, el significado personalista que el derecho al honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para que tengan protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados ad personam, pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas las de substrato personalista, y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el honor de personas, individualmente consideradas, por el mero hecho de que los mismos se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa”. 

En el Fundamento Jurídico 8, el Tribunal advierte que los comentarios que pongan en duda cualquier episodio de la historia, por tergiversadas que sean esas opiniones, quedarían protegidas por la libertad de expresión. Lo que no puede quedar bajo el amparo de este derecho fundamental son los juicios ofensivos o las expresiones xenófobas: la incitación racista constituye un atentado al honor de la recurrente y de todas aquellas personas que estuvieron internadas en los campos nazis de concentración. Ni la libertad ideológica (artículo 16 de la Constitución) ni la libertad de expresión (artículo 20.1.a de la Constitución) pueden proteger manifestaciones dirigidas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, religiosos o sociales (extranjeros, inmigrantes, etc.): 

“Pues bien, del examen de la totalidad de declaraciones del demandado publicadas, no sólo de las parcialmente transcritas en el escrito de demanda, es indudable que las afirmaciones, dudas y opiniones acerca de la actuación nazi con respecto a los judíos y a los campos de concentración, por reprobables o tergiversadas que sean -y ciertamente lo son al negar la evidencia de la historia-, quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 C.E.), en relación con el derecho a la libertad ideológica (art. 16 C.E.), pues, con independencia de la valoración que de las mismas se haga, lo que tampoco corresponde a este Tribunal, sólo pueden entenderse como lo que son: opiniones subjetivas e interesadas sobre acontecimientos históricos. 

Pero también es indudable que, en las declaraciones publicadas, el demandado no se limitó a manifestar sus dudas sobre la existencia de cámaras de gas en los campos de concentración nazis, sino que en sus declaraciones, que han de valorarse en sus conjunto, efectuó juicios ofensivos al pueblo judío («... si hay tantos ahora, resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios...»; «... quieren ser siempre las víctimas, los eternos perseguidos, si no tienen enemigos, los inventan...»), manifestando, además, expresamente su deseo de que surja un nuevo Führer (con lo que ello significa en cuanto al pueblo judío a la luz de la experiencia histórica). Se trata, con toda evidencia, de unas afirmaciones que manifiestamente poseen una connotación racista y antisemita, y que no pueden interpretarse más que como una incitación antijudía, con independencia de cualquier juicio de opinión sobre la existencia de hechos históricos. Esta incitación racista constituye un atentado al honor de la actora y al de todas aquellas personas que, como ella y su familia, estuvieron internadas en los campos nazis de concentración, puesto que el juicio que se hace sobre los hechos históricos, desgraciados y aborrecibles, por ella sufridos y padecidos, como con desgarro se exponen en la demanda, no comporta exclusivamente correcciones personales de la historia sobre la persecución de los judíos, dando una dimensión histórica o moral sino antes al contrario, y esencialmente conllevan imputaciones efectuadas en descrédito y menosprecio de las propias víctimas, esto es, las integrantes del pueblo judío que sufrieron los horrores del nacionalsocialismo y, dentro de ellas, la hoy recurrente, razón por la cual exceden del ámbito en el que debe entenderse prevalente el derecho a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones consagrados en el art. 20.1 C.E. 

De otra parte, y en relación con lo anterior, ni la libertad ideológica (art. 16 C.E.) ni la libertad de expresi